Costa Rica y la privatización carcelaria.

Costa Rica, uno de los pocos países que se ha mantenido al margen de negación a la aceptación de la privatización carcelaria. 
Desde los años ochenta y el surgimiento de la corriente neoliberalista, se han insertado en el país diversas políticas con el objetivo de privatizar todos aquellos servicios e instituciones estatales. Con el fin  de liberar económicamente al estado, y el tema del sistema penitenciario no fue la excepción. 

Desde el 2010 aproximadamente los indices de sobre población carcelaria han ido en incremento y para enero del 2020 se registraba un 30% de hacinamiento. (Ministerio de Justicia y Paz,2020). Esta es la situación que en el pasado llevo casi a aceptar las propuestas de empresas norteamericanas en la construcción de un centro gigante y de máxima seguridad en  Guapiles, Pococi. 

Las propuestas de contratación de esta empresa parecían en un primer plano ser la solución pronta y de largo plazo al control del hacinamiento carcelario. Sin embargo dentro de las clausulas se podía observar el otorgamiento no sólo de funciones operativo-administrativas,  sino también de organizar y dirigir la  planificación, ejecución y evaluación del proyecto y ocupará el director del centro la  presidencia de los órganos colegiados, para definir asuntos de valoración técnica, tales como los planes de atención técnica, recomendaciones y reportes, tanto para el Instituto Nacional de Criminología como para el Poder Judicial. 
(Nuñes. Rojas ,2006)
En todo lo anterior es donde el gobierno vio la gran peligrosidad y riesgo de poner todo este control en manos de una empresa privada, cuando en realidad en diferentes documentos legales ya se establece que este tipo de funciones sin exclusivas del estado.

Otro punto a rescatar en esta materia es debido a que el personal judicial y estatal están capacitados en grandes estudios en la materia, pero cabe la posibilidad de que el personal contratado por estas entidades privadas no tengan ningún o poco conocimiento y experiencia en el manejo de esta materia.

Ademas dentro de las practicas a nivel de corrupción que se estiman que podrían presentarse al igual que en otras naciones, donde ya se aplica la privación carcelaria es que estas empresas están interesadas en mantener los cupos de las cárceles llenos, aun cuando esto implique incurrir a medidas que no estén en pro del beneficio de la sociedad en general. Por ejemplo podrían ejercer presión  a nivel político y judicial para crear nuevos delitos y por ende incriminar mas fácilmente conductas desviadas , que en un primer plano quizás no requerían de una medida tan rígida como lo es la privación de libertad. Pero claro esta, que no hay un objetivo de inserción social del sujeto y mucho menos de disminuir los indicies de criminalidad en la población costarricense.

Por otra parte , estas empresas no fomentan la apertura de empleos para los costarricenses, en realidad la contratación del personal se rige a cambio de pagos salariales aun por menor del mínimo que la ley estipula o que en el mismo puesto en el sector publico podrían tener. Muchos se apoyan en que solicitan menor cantidad de requisitos por lo que la contratación en el ámbito privado se podría generar con mayor facilidad.


  • Para ver un vídeo sobre la realidad carcelaria a  Octubre del 2019 de Costa Rica, favor ingresar al siguiente link...



http://www.repretel.com/actualidad/hay-un-39-de-hacinamiento-carcelario-167029



Referencias Bibliográficas.





  • Ministerio de Justicia y Paz. (2020). Ministerio de Justicia afirma haber bajado el hacinamiento carcelario en 9% durante 2019. Recuperado el 16 de abril del 2020 de https://www.mjp.go.cr/Home/Estadisticas









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